Carga argumentativa sobre la vulneración del derecho a la defensa.

P1: La Corte analizó si las decisiones adoptadas dentro de un juicio ejecutivo vulneraron el derecho a la defensa porque no se habría concedido la práctica de pruebas a una compañía, ni permitido que un procurador comparezca al juicio con un poder emitido en el exterior que no fue autenticado o legalizado.

P2: La Corte constató que, tanto la negativa de la confesión judicial como la falta de inspección judicial a los libros contables de la compañía y la negativa de designación de un nuevo perito, no eran atribuibles a la negligencia del juzgador, sino del accionante. Puntualizó que el accionante no logró demostrar que la potestad facultativa de designar un nuevo perito haya sido arbitraria, por lo que descartó la afectación de la garantía de aportar prueba.

P3: Asimismo, advirtió que la sentencia de segunda instancia dio por satisfecha la representación legal de la parte actora con el poder y procuración judicial presentada, y a la vez, la Corte señaló que la falta de argumentos adicionales en la demanda de la EP le impiden identificar una irregularidad que haya afectado la garantía de la defensa alegada por los accionantes. En consecuencia, desestimó la acción.