Sentencia 788-22-EP/26
No se vulneró el derecho a la seguridad jurídica al determinar la titularidad de una pensión por discapacidad permanente por medio de una acción de protección (AP)
La madre de una persona con discapacidad intelectual presentó una AP en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dada la negativa del IESS de concederle una jubilación por invalidez.
- En primera instancia, la Unidad Judicial rechazó la acción al considerar que el IESS había actuado de acuerdo con la normativa aplicable.
- Sin embargo, al resolver el recurso de apelación, la Corte Provincial aceptó la acción y dispuso el reconocimiento de una pensión por discapacidad.
El IESS presentó una acción extraordinaria de protección (EP) contra la sentencia de segunda instancia. La Corte desestimó la EP.
¿Qué analizó la Corte?
La Corte indicó que, una vez que se ha determinado la existencia de una vulneración de derechos constitucionales, esto no impide que el juez constitucional disponga las medidas de reparación integral necesarias para restituir el derecho vulnerado. La prohibición de utilizar la AP para obtener la declaración de un derecho no significa que la autoridad judicial esté impedida de adoptar medidas que reconozcan o hagan efectivo un derecho cuando ello sea necesario para reparar una vulneración constitucional previamente establecida.
En ese sentido, la Corte identificó que:
- La Corte Provincial había determinado que la condición de salud de la accionante, agravada por diversas patologías y por una discapacidad del 86 %, le había generado una incapacidad permanente total para trabajar. A partir de dicha constatación, la Corte Provincial aplicó el artículo 84 de la Ley Orgánica de Discapacidades y concluyó que correspondía reconocerle una pensión por discapacidad permanente total o absoluta.
- La actuación de la Corte Provincial no implicó una declaración arbitraria de un derecho nuevo, sino la adopción de una medida destinada a reparar de manera efectiva la vulneración constitucional previamente identificada, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.
- La orden de conceder una pensión por discapacidad guardaba una relación directa con la vulneración de derechos determinada por la Corte Provincial, y con las circunstancias particulares de la accionante.
¿Qué concluyó la Corte?
Que la medida de reparación dispuesta por la Corte Provincial no vulneró el derecho a la seguridad jurídica. En consecuencia, desestimó la acción y ordenó el archivo de la causa.
Adicionalmente:
- Exhortó al IESS a fortalecer sus mecanismos institucionales de atención, orientación y asesoramiento, de modo que toda persona usuaria reciba información clara, completa, veraz y personalizada sobre las prestaciones que administra la institución, los requisitos para acceder a ellas y las alternativas que pudieran corresponder según las circunstancias particulares de cada caso.
- Exhortó al IESS que adopte las medidas necesarias para evitar barreras irrazonables de acceso y garantizar que sus procedimientos se desarrollen con oportunidad, eficiencia y especial consideración hacia las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
