Constitucionalidad condicionada de las expresiones “título de abogada o abogado” y “abogadas y abogados graduados en el extranjero” contenidas en los artículos 324.1 y 332 del COFJ

La Corte conoció una acción pública de inconstitucionalidad en contra de: 

• Las expresiones “título de abogada o abogado” y “abogadas y abogados graduados en el extranjero”, contenidas en los artículos 324 numeral 1 y 332 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). 

• El artículo 2 del Reglamento de Prácticas Pre Profesionales de las y los Egresados de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas. 

¿Qué argumentó el accionante?

Alegó que las expresiones impugnadas podían interpretarse en el sentido de que solo podían acceder a las prácticas preprofesionales las personas cuyos títulos fuesen, literalmente, “abogada” o “abogado”. La interpretación excluye a quienes obtuvieron en el extranjero títulos como “licenciado en Derecho” o “graduado en Derecho”, pese a que su formación corresponde al campo jurídico.

Esta exclusión vulneraría los derechos a:

• La igualdad y no discriminación.
• Al trabajo. 
• A desarrollar actividades económicas. 

¿Que analizó la Corte? 

La Corte identificó que, para las personas que obtuvieron su título en el extranjero, el acceso al ejercicio del patrocinio en Ecuador comprende dos momentos diferenciados: 

• El primero responde al reconocimiento académico e inscripción del título en Ecuador. 

• El segundo, responde al cumplimiento de requisitos establecidos para la habilitación profesional, entre ellos, las prácticas preprofesionales.

Es decir, que una vez que la autoridad competente haya determinado que el título extranjero corresponde al tercer nivel de formación y al campo del Derecho, el Consejo de la Judicatura no puede realizar una nueva valoración de su contenido académico ni exigir que el diploma tenga una denominación específica. 

Aunque el Consejo de la Judicatura modificó posteriormente su criterio y, para 2026, informó que otorgaba el mismo tratamiento a títulos denominados “abogado”, “licenciado en Derecho”, “graduado en Derecho” y otros similares, la Corte consideró necesario excluir expresamente la interpretación literal que había sido aplicada institucionalmente en 2021 —que reconocía únicamente los títulos denominados “abogado”— y que continuaba vigente cuando el accionante presentó la demanda.