La obligación general de aplicar las recomendaciones de auditoría de la CGE no es objeto de una AN

P1: En sentencia de mayoría, la Corte Constitucional analizó una acción por incumplimiento, AN, presentada por el presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam en contra del entonces Ministerio de Minería y el Ministerio del Ambiente, por el presunto incumplimiento del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, CGE.

P2: La CCE determinó que la norma presuntamente incumplida hacía referencia a una obligación general de las entidades y organismos del sector público de aplicar las recomendaciones de auditoría de la CGE, razón por la que era imposible determinar quién era el beneficiario de ella. Por tanto, al no reunir los elementos que componen una obligación que pueda ser objeto de una AN, la rechazó.

P3: En consideraciones adicionales, la Corte explicó que, aun cuando el determinar el cumplimiento o incumplimiento de una recomendación de la CGE no era parte del objeto de la AN, cabía destacar la importancia de que el seguimiento y control del cumplimiento de las recomendaciones de la CGE sea ejercido de forma oportuna, particularmente cuando su cumplimiento tardío o defectuoso tenga la potencialidad de impactar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales. Por ello, instó a la CGE a ejercer de manera oportuna y eficaz dichas competencias.

P4: El juez Ramiro Avila Santamaría razonó su voto concurrente respecto de las violaciones a “nuevos” derechos y los pueblos indígenas; la apertura de la acción por incumplimiento y la acción de protección de derechos; y, los hechos del caso. La jueza Teresa Nuques Martínez y el juez Hernán Salgado Pesantes, en sus votos concurrentes, disintieron con la sentencia de mayoría, en cuanto a lo expuesto en las consideraciones adicionales, por considerar que eran cuestiones que no correspondían ser abordadas mediante una AN.