Sentencia 4-23-IN/26

Las personas con discapacidad pueden decidir si su condición aparece en la cédula

La Corte conoció una acción pública de inconstitucionalidad (IN) por el fondo en contra del artículo 11 de la Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), que determina la inclusión de la condición de discapacidad y porcentaje en la cédula de identidad. 

El accionante argumentó que incluir obligatoriamente esta información vulneraba los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, ya que obligaba a las personas con discapacidad a exponer información sobre su estado de salud, considerada un dato personal sensible.  

¿Qué analizó la Corte? 

  • Por conexidad, examinó los artículos 111 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad (LOPD) y 94 numeral 17 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 
  • Explicó que la autodeterminación informativa forma parte de los derechos a la intimidad y la protección de datos personales, la cual permite a cada persona decidir qué información personal puede ser conocida por terceros.  
  • Asimismo, determinó que los datos sobre la condición de discapacidad son datos personales sensibles y, por tanto, requieren una protección reforzada. 

¿Qué resolvió la Corte? 

Tras realizar un test de proporcionalidad, consideró que: 

  • la medida perseguía un fin constitucionalmente legítimo, pues facilitaba la acreditación de la discapacidad y el acceso a derechos, beneficios y medidas de acción afirmativa. 
  • la medida era idónea para alcanzar ese objetivo; 
  • la medida no era necesaria, pues existía una alternativa menos restrictiva de los derechos: es decir, mantener la información sobre discapacidad en la cédula, pero permitir que su titular decidiera si quería que fuera visible. 

¿Cuál fue su conclusión? 

La Corte declaró que la inconstitucionalidad aditiva de las normas examinadas, precisando que las personas con discapacidad puedan optar por ocultar los datos sobre su condición en la cédula de ciudadanía. En ese supuesto, señaló que las personas deben contar con un mecanismo que les permita acreditar su condición mediante los soportes tecnológicos asociados a dicho documento. 

 La Corte difirió los efectos de la sentencia y ordenó al Registro Civil, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Humano y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, diseñar e implementar un mecanismo para solicitar el ocultamiento de esta información, sin que constituya un sistema paralelo de acreditación.

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