La ejecución de un proyecto comunitario no es una decisión indígena susceptible de ser impugnada en acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena (EI)

Varios comuneros de la comunidad Oñacapac presentaron una EI en contra de una decisión adoptada por su Asamblea General, mediante la cual se aprobó la ejecución de un proyecto de apertura y mejoramiento vial y construcción de alcantarillado, que contaba con el apoyo técnico y financiero del GAD Municipal de Saraguro.  

Los accionantes alegaron que la decisión afectó sus derechos, entre ellos la propiedad, libertad de expresión, defensa y seguridad jurídica.  

¿Qué analizó la Corte sobre la procedencia de la acción? 

Señaló que no toda decisión adoptada por una comunidad indígena constituye una decisión jurisdiccional. Para que una decisión pueda ser impugnada mediante esta garantía, debe:

• Ser emitida por una autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales.
• Estar dirigida a resolver un conflicto interno mediante normas y procedimientos propios de la comunidad.

¿Qué ocurrió en este caso? 

La Corte constató que la decisión del proyecto fue adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la comunidad Oñacapac, en coordinación con el GAD Municipal de Saraguro. Sin embargo, consideró que no cumplía con el segundo requisito, pues la Asamblea no tuvo como finalidad resolver un conflicto que hubiera alterado la armonía de la comunidad.

La Corte observó que no existía:

• Una controversia concreta que motivara la convocatoria de la Asamblea.
• Ni personas sometidas a juzgamiento.
• Ni un procedimiento destinado a imponer medidas.

Al contrario, la Asamblea tuvo como objetivo adoptar una decisión colectiva sobre la ejecución de un proyecto comunitario, en coordinación con el GAD Municipal de Saraguro.

¿Qué concluyó la Corte? 

La Corte determinó que la decisión impugnada tenía carácter comunitario y no jurisdiccional. Por tanto, no constituía una decisión de justicia indígena susceptible de ser impugnada mediante EP.