Sentencia 270-22-EP/26

Aplicación de la Ley de Casación en la admisibilidad de recursos de casación interpuestos en procesos iniciados antes de la vigencia del COGEP

La Corte conoció una acción extraordinaria de protección (EP) presentada contra una sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (TDCA) y el auto que inadmitió un recurso de casación, emitido por una Sala de la Corte Nacional, en el marco de una demanda subjetiva contra el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y la Procuraduría General del Estado. La Corte desestimó la EP. 

¿Qué analizó la Corte? 

La Corte analizó si la conjueza nacional debía aplicar el artículo 270 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y permitir que la entidad accionante aclarara o completara su recurso de casación, a pesar de que este había sido presentado conforme a la Ley de Casación y de que el proceso se había iniciado antes de que entrara en vigor el COGEP. 

¿Qué señaló la Corte sobre la normativa aplicable al recurso de casación? 

La Corte señaló que, según la Disposición Transitoria Primera del COGEP, los procesos iniciados antes de su entrada en vigor debían continuar tramitándose conforme a las normas vigentes cuando fueron iniciados. Por ello, en este caso, el recurso de casación debía regirse por la Ley de Casación y no por el COGEP. 

Además, precisó que la Resolución 05-2026 de la Corte Nacional de Justicia establece que el artículo 270 del COGEP, que permite disponer la aclaración o complementación del recurso para efectos de su admisibilidad, se aplica únicamente a los procesos que se tramitan bajo el COGEP y no a aquellos que continúan sujetos a la Ley de Casación. 

En consecuencia, la Corte concluyó que no se vulneró el derecho al debido proceso, ya que la conjueza aplicó correctamente la normativa procesal que correspondía al caso y, por tanto, que no estaba obligada a conceder a la entidad accionante la posibilidad de aclarar o completar su recurso. 

¿Qué resolvió la Corte? 

La Corte desestimó la EP, al determinar que la decisión de inadmitir el recurso de casación no vulneró el derecho al debido proceso.

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