Incumplimiento de sentencias debido a la emisión de actos ulteriores

P1: La Corte Constitucional examinó las acciones de incumplimiento (IS), de las sentencias derivadas de acciones de protección (AP), presentadas por ex miembros de la Policía Nacional (PN), en las que se dispuso su reincorporación a las filas policiales. Sin embargo, años más tarde, mediante actos ulteriores, se les dio de baja por estar en el grupo de personas “reincorporad[a]s al servicio activo en base a recursos constitucionales […]”. La CCE aceptó las IS.

P2: En las acciones 12-16-IS y 9-17-IS, la CCE determinó que el Acuerdo del Ministerio de Gobierno (MINGOB) con el que fueron separados se constituyó en un acto ulterior que afectó las sentencias dictadas en AP, pues se basó en las mismas razones analizadas en las decisiones que habían dispuesto su reincorporación. Tales razones, supuestamente, habrían conllevado a un alejamiento de la misión institucional.

P3: En la acción 40-19-IS, la CCE consideró que la PN y el MINGOB incumplieron las sentencias dado que, en 2013, el accionante fue nuevamente desvinculado con base en las resoluciones que sirvieron de fundamento para su primera desvinculación en el año 2005, pese a que la sentencia ordenó que estas fuesen eliminadas de su hoja de vida. Por tanto, como parte de las medidas de reparación, dispuso su reincorporación al servicio activo con todos los derechos en la ley de la materia.

P4: El juez Ramiro Avila Santamaría, en las tres causas, emitió votos concurrentes en los que explicó que, pese a considerar que la inconformidad de una sanción disciplinaria corresponde ser discutida en sede contencioso administrativa, se encuentra en juego la eficacia de las garantías jurisdiccionales, pues el incumplimiento de decisiones constitucionales, aun cuando sean incorrectas, constituye un fraude a estas y las demás sentencias ejecutoriadas.