El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 19 de septiembre de 2022, emitió sentencia dentro del Caso 9-22-IN/22, que resolvió  la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de los artículos 230.1 y 230.2 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 2, 7 y disposición general primera de la Resolución 190-2021 del Consejo de la Judicatura, mediante los cuales se crean las judicaturas especializadas en corrupción y crimen organizado.

Este Organismo, en su decisión, luego del análisis realizado determinó desestimar la acción No. 9-22-IN al no identificar incompatibilidades con la tutela judicial efectiva, el principio de desconcentración, la igualdad y no discriminación y declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial a fin de precisar el catálogo de delitos que conocerán las judicaturas especializadas en crimen organizado y corrupción, y así, asegurar la conformidad con el derecho a la seguridad jurídica.

La  Corte Constitucional desarrolló criterios sobre la justicia especializada en materia de crimen organizado y corrupción y recordó que la configuración y regulación de la competencia material, así como el catálogo se debe observar el principio de reserva de ley.

Finalmente , estableció que el Consejo de la Judicatura, además de las herramientas telemáticas debe garantizar la independencia, estabilidad, capacitación, seguridad personal y laboral de los operadores de justicia. Además, adoptar las medidas necesarias para asegurar que se garantice el derecho de la tutela judicial efectiva de los procesados en la sustanciación de esas causas y posibilitar la defensa técnica y la actuación sin obstáculos.

Garantizamos la vigencia y supremacía de la Constitución de la República,

Corte Constitucional del Ecuador.

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