La Corte tuteló los derechos a recurrir y al doble conforme por inadmisión indebida del recurso de casación

Una persona presentó una acción extraordinaria de protección (EP) contra el auto que declaró improcedente el recurso de hecho, dentro de un proceso penal seguido por un delito tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal. La Corte analizó el caso y concluyó que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) vulneró el derecho a recurrir, al inadmitir de forma arbitraria el recurso extraordinario de casación. Esto, a su vez, afectó el derecho al doble conforme del accionante.

¿Qué analizó la Corte?

La Corte examinó si la decisión de la CNJ de rechazar el recurso de casación, así como el auto que declaró improcedente el recurso de hecho, respetaron las garantías del debido proceso, en particular el derecho a recurrir y el derecho al doble conforme. En ese sentido, verificó que la CNJ rechazó el recurso de casación bajo el argumento de que el accionante debía agotar previamente el recurso de doble conforme, basándose en el artículo 6 de la resolución 04-2022. Sin embargo, constató que la norma únicamente regula el momento en el que debe interponerse la casación y que la misma no establece como requisito el agotamiento previo del doble conforme. 

En aquel sentido, la Corte determinó que tanto la CNJ como la Sala Provincial aplicaron una interpretación restrictiva de la norma, al exigir un requisito no previsto y, en consecuencia, limitaron injustificadamente el derecho del accionante a impugnar la decisión.

¿Qué resolvió la Corte?

La Corte concluyó que los jueces impusieron un obstáculo irrazonable al derecho a recurrir, al rechazar el recurso de casación por no haber agotado el doble conforme, en lugar de reconducir el recurso. Además, estableció que esto vulneró el derecho al doble conforme, en tanto que le impidió al accionante impugnar una condena dictada por primera vez en segunda instancia.

Como consecuencia, la Corte dejó sin efecto el auto impugnado y ordenó retrotraer el proceso, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos.