La Corte Constitucional del Ecuador a través de su brazo académico, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC), en el marco del aniversario por el segundo año de gestión de esta conformación de jueces constitucionales y, especialmente, a partir de las acciones emprendidas por este Organismo, respecto de la pandemia mundial provocada por el COVID19, ha desarrollado las “Segundas Jornadas de Justicia Constitucional: Construyendo una Nueva Cultura Constitucional”, un espacio de conocimiento y diálogo que fortalece nuestra cultura constitucional. 

Esta propuesta académica contó con la presencia de los jueces y jueces constitucionales: Hernán Salgado Pesantes, presidente del Organismo; Daniela Salazar Marín, vicepresidenta de la Corte Constitucional; Karla Andrade Quevedo; Ramiro Avila Santamaría; Carmen Corral Ponce; Agustín Grijalva Jiménez; Enrique Herrería Bonnet; Alí Lozada Prado y Teresa Nuques Martínez, quienes por medio de sus ponencias abrieron el diálogo con la Sociedadalrededor de los siguientes temas: i) Independencia judicial y garantía de derechos constitucionales en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19; ii) La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en libertad de expresión; iii) Criterios de la Corte Constitucional del Ecuador en torno a la acción extraordinaria de protección; iv) La protección de las personas en situación de movilidad humana en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador; v) ¿Acceso o exceso? Judicialización del derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, Sentencia 679-18-JP / 20; vi) Plurinacionalidad y Jurisprudencia de la Corte Constitucional, reconocimiento de la justicia indígena; vii) El hábeas data y el derecho a la protección de datos personales; viii) El precedente judicial en sentido estricto; 

Desde el ámbito internacional contamos con la presencia de profesionales destacados del derecho como la Prof. Christina Binder, catedrática de Derecho Internacional y de Derechos Humanos en la Bundeswehr de la Universität München; la Dra. Marie Christine Fuchs, directora del Programa de Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y el Dr. Imer Benjamín Flores Mendoza, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), quienes expusieron en este espacio de diálogo técnico acerca del: i) Derecho del Estado para proteger la salud y la vida vs. libertades personales de movimiento y vida privada en tiempos de COVID19, una visión comparada; ii) Protección de derechos desde la perspectiva del Tribunal Federal Constitucional Alemán y iii) Cultura y justicia constitucional, respectivamente. 

Durante el cuarto y último día de jornadas de esta propuesta académica se contó con la participación de importantes docentes y juristas de amplia trayectoria nacional: Consuelo Velasco, asesora experta de la Presidencia de este Organismo; Daniel Gallegos Herrera, secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador; Dra. Vanessa Aguirre, catedrática de Derecho en importantes universidades del país; y Dr. Juan Francisco Guerrero del Pozo, abogado en libre ejercicio. Las temáticas impartidas refirieron a: i) Construyendo una justicia constitucional más eficiente y transparente; avances en la digitalización de la Corte Constitucional; ii) La Constitución sobre-viviente: Impacto del COVID19 en la selección y revisión de sentencias de garantías jurisdiccionales; iii) El derecho a la tutela efectiva:

Asimismo, se recalcó, entre otros puntos, el balance y las estadísticas de la gestión de la Corte Constitucional en su segundo año de labores, es así que en cuanto a la producción de la Sala de Admisión, a través de sus tribunales, que sesionan de manera simultánea, se emitieron 2.237 autos, lo que representa el crecimiento de la tasa de admisión en el 2020 respecto del 2019, de un 17,56%. La efectivización de este proceso y una metodología comprometida de trabajo en equipo, a pesar de la pandemia, ha logrado emitir 2.237 autos en fase de admisión, 94 autos en fase de selección, 856 decisiones en fase de sustanciación y 11 sentencias de revisión. 

Además, otro de los puntos relevantes de este segundo aniversario, sin duda alguna, ha sido la pandemia provocada por el COVID19, y esta Corte, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de todas y todos, ha efectuado audiencias públicas de manera telemática, en su totalidad , y estas han sido transmitidas por los canales digitales de la Corte Constitucional de Ecuador, permitiendo el acceso oportuno de todos los usuarios de la justicia constitucional, – en comparativo – antes, el aforo físico de audiencias era de 75 asistentes, ahora con audiencias telemáticas se ha alcanzado hasta 8.000 visualizaciones y más de 3.000 interacciones durante la emisión, y hasta 6.000, posterior a la transmisión.

En ese mismo contexto, la Corte Constitucional ha implementado el Sistema SACC, la plataforma tecnológica más amplia y dinámica de la justicia constitucional con 2,5 millones de visitas, en el cual se ha permitido el ingreso de demandas, escritos y peticiones de 7.035 usuarios y beneficiarios directos, lo que evidencia una sustancial de la transparencia, pues las partes reciben inmediatamente al juez / a ponente, (sorteo automático y aleatorio) y los actos efectuados en el proceso de manera actualizada las 24 horas del día, los 365 días del año.

Finalmente, esta Corte, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID19, ha emitido ocho (8) dictámenes de control constitucional desde marzo a septiembre de 2020, en los cuales se ha garantizado: El uso de tecnologías para monitoreo de personas en aislamiento, prevaleciendo la protección al derecho de privacidad y la no discriminación; resguardar y velar por el bienestar del personal que labora en primera línea; que las FFAA y la Policía Nacional respeten los derechos y hagan uso progresivo de la fuerza, además de coordinar acciones con autoridades civiles; acceso a bienes y servicios de primera necesidad, en especial a población de bajos recursos; fortalecer el sistema público de salud y articular la red integral de salud; fortalecer la respuesta del Estado en casos de violencia intrafamiliar agravados durante el confinamiento; que el Estado promueva el acceso a la educación, mejorando la conectividad de los estudiantes y obligación de transparentar información y rendir cuentas respecto de los procesos de los estudiantes durante la emergencia. Así, este Organismo de justicia constitucional reafirma su compromiso con la protección de los derechos, la independencia de sus procesos y el fortalecimiento de la justicia constitucional en el país. 

Continuamos consolidando el acceso a la justicia constitucional,

Segundo año de gestión.

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