La Corte Constitucional reafirma su compromiso indeclinable con la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la plena vigencia de la Constitución. En ese marco, enfatiza que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la independencia de funciones. Las juezas y jueces han atendido todos los requerimientos dentro de los canales institucionales, sin que corresponda a la Corte anticipar criterios sobre procesos en curso.

Este Organismo advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial. Por ello, reitera que la independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático y exige que las actuaciones de control se conduzcan con el más alto rigor técnico y respeto a las competencias constitucionales.

Asimismo, la Corte exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y vigilante en defensa del orden constitucional. La Corte garantiza que sus juezas y jueces continuarán ejerciendo sus funciones con apego a la Constitución y la ley, en la medida en que se mantengan las garantías necesarias para el ejercicio independiente y seguro de su labor, convencida de que la institucionalidad se fortalece con el compromiso responsable de todos los actores públicos.

Corte Constitucional del Ecuador