Se vulnera la garantía de non reformatio in peius cuando la Corte Nacional casa de oficio la sentencia y aumenta la pena.

La Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección presentada en contra de la sentencia que rechazó el recurso de casación de Fiscalía y casó de oficio la sentencia, dentro de un proceso penal. 

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) casó de oficio la sentencia por existir un yerro jurídico trascendental y, en consecuencia, dispuso la pena privativa de libertad de doce años, el pago de una multa y ratificó la reparación integral dispuesta por la sentencia de segunda instancia. 

La Corte aceptó la acción y señalo que la Sala Especializada dejó sin efecto la sentencia de segunda instancia que ratificó la inocencia del procesado y aumentó la pena en relación con la dispuesta en la sentencia de primera instancia. La Corte determinó que: el tribunal de casación penal (i) casó de oficio la sentencia recurrida y (ii) aumentó la pena (supuesto de hecho), vulneró la garantía de non reformatio in peius (consecuencia jurídica). 

En su voto salvado, el juez Enrique Herrería consideró que no existió violación de la garantía de non reformatio in peius porque el accionante no se veía amparado por la misma, ya que no recurrió y existían recurrentes adicionales. Además, estableció que la casación de oficio es una atribución legal de los jueces de la CNJ cuando identifican un error de derecho, aun cuando exista una deficiente fundamentación de los recursos interpuestos.