En las últimas horas, la Corte Constitucional ha recibido cinco acciones de inconstitucionalidad (127, 128, 129, 130 y 131-25-IN) presentadas por diversos actores sociales frente al Decreto Ejecutivo No. 148, expedido por la Presidencia de la República, que dispone la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin previo control constitucional.

Las tres Salas de Admisión de la Corte han resuelto admitir las cinco causas a trámite y aceptar la solicitud de medidas cautelares y, en consecuencia, disponer la suspensión provisional de los efectos del Decreto 148. Estas medidas cautelares son provisionales y una muestra del compromiso de asegurar que cualquier propuesta de reforma o cambio constitucional siga los procedimientos que la Norma Suprema establece, de manera que la voluntad popular se exprese de forma libre, informada y dentro de la ley. Este proceso se puede subsanar respetando el procedimiento previsto en la Constitución.

Estas decisiones se adoptaron en estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos. Respetar la Constitución no significa un bloqueo entre instituciones ni de una confrontación política, tampoco se busca el limitar el pronunciamiento ciudadano sobre una posible modificación de la Constitución.

La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos y nuestro compromiso es con la Constitución, con la democracia y con los derechos de cada persona que habita el Ecuador.

Este Organismo continuará el análisis de las acciones de inconstitucionalidad con la independencia, celeridad y transparencia que exige nuestra función. En su momento, el Pleno emitirá una decisión definitiva, escuchando a todas las partes y garantizando el derecho a la defensa.

En medio de este proceso, la Corte debió enfrentar un hecho que lamentamos profundamente. Al finalizar la sesión de sus salas de admisión, se registró una amenaza de bomba que obligó a la Policía Nacional a desalojar de manera preventiva el edificio de la Corte Constitucional. Este incidente, además de reprochable, evidencia la importancia de defender las instituciones y rechazar cualquier intento de intimidación que busque alterar el curso de la justicia y la democracia.

Hoy reiteramos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que respetar la Constitución es defender la democracia, es proteger el derecho de cada ciudadano a vivir en un país donde las reglas sean claras y se respeten los límites que nos hemos dado como sociedad. La Corte demanda condiciones necesarias para ejercer su misión institucional.

Esa es y seguirá siendo nuestra mayor responsabilidad.

Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador