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Pleno de la Corte Constitucional determinó la interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en el Título II, Capítulo II del Código Orgánico General de Procesos, respecto de la figura de la excusa y/o recusación de la o del juzgador, aplicado exclusivamente de forma supletoria para la acción de protección, acceso a la información pública y acción de hábeas data.

Pleno de la Corte Constitucional se pronuncia sobre los derechos económicos, sociales y culturales (derechos del buen vivir) de una profesora que padece una enfermedad catastrófica.

Pleno de la Corte Constitucional emitió regla jurisprudencial para los casos en que se presenten dos tipos de garantías jurisdiccionales –acción extraordinaria de protección y acción de incumplimiento de sentencias- de forma simultánea con respecto a la misma decisión.

Pleno de la Corte Constitucional protege derechos de un miembro de la armada nacional que fue separado de la institución por haber procreado hijos fuera del matrimonio.

Pleno de la Corte Constitucional emite sentencia aditiva del artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público y establece que para la supresión de partidas presupuestarias no se considerarán los puestos que ocupen las mujeres embarazadas, aquellas que se encuentren gozando de licencia de maternidad o del permiso para cuidados del recién nacido previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

Corte Constitucional protege el derecho a la salud de niñas y niños que padecen el síndrome de Laron o enanismo tipo Laron y dispone entrega de los medicamentos necesarios

Corte Constitucional ratifica sus precedentes jurisprudenciales en materia de garantías jurisdiccionales y declara por conexidad la inconstitucionalidad del séptimo inciso del artículo 102 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

El 7 de octubre de 2011, la señora Evelyn Támara Naranjo Tacuri, por sus propios derechos, presentó acción extraordinaria de protección y alegó la vulneración a sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la prohibición de discriminación contra mujeres embarazadas en razón de su estado, a la atención prioritaria en su calidad de mujer embarazada, a la vida digna y a la igualdad, por habérsela destituido de su cargo en el Banco del Estado (hoy Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.) en virtud de la suscripción de contratos de servicios ocasionales.

La Corte señaló que el caso de las mujeres embarazadas es de particular atención, ya que no solo el texto constitucional las reconoce como personas que requieren atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado; sino también les confiere determinados y especiales derechos derivados de su condición, que incluyen: la prohibición de discriminación en los ámbitos educativo, social y laboral; la gratuidad de los servicios de salud materna; la protección prioritaria y cuidado de su salud y vida antes y después del parto; la facilidad de disponer de los medios adecuados para su recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia; y, por supuesto, la prohibición de despido por causa de su estado de gestación y maternidad.

En atención a lo dicho, la Corte, respecto a la decisión de la autoridad administrativa de no renovar el contrato de servicios ocasionales en favor de la accionante, considerando que se encontraba en estado de gravidez determinó, entre otras cosas, que la decisión de no renovar el contrato de servicios ocasionales a una mujer embarazada o en período de lactancia efectivamente agrava la vulnerabilidad en la que se encuentra, ya que su sustento depende del trabajo que realice. Por lo tanto, no es dable que se imponga la necesidad administrativa de cumplir con determinada norma de personal, por encima de las necesidades vitales de la trabajadora. Así, dicha decisión constituye fuente de vulneración al derecho a la igualdad en contra de la servidora pública.

En consecuencia con los argumentos señalados, la Corte Constitucional consideró necesario pronunciarse sobre el contenido del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público y en uso de una sentencia aditiva, incorporó a las mujeres embarazadas o en estado de gestación en las excepciones al límite de suscripción de los contratos ocasionales. Es así que dichos contratos deberán durar hasta el fin del ejercicio fiscal en que concluya su período de lactancia, de acuerdo con la ley. Finalmente, la Corte, estableció una interpretación constitucional condicionada del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público, en el siguiente sentido: “las mujeres embarazadas y en período de lactancia que han suscrito un contrato de servicios ocasionales con una entidad pública, no podrán ser separadas de sus labores, en razón de la aplicación de la causal f del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los contratos de servicios ocasionales suscritos entre una mujer embarazada o en período de lactancia y una entidad pública, podrán terminar únicamente por las causales a, b, c, d, e, g, h e i del artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público”

Como consecuencia de ello estableció medidas de reparación integral en beneficio del accionante y de quienes se encuentren en circunstancias similares:
El señor NN, por sus propios derechos, presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, en contra de la resolución dictada el 22 de agosto de 2014, por la jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada del cantón Quito, que negó originalmente la petición de medidas cautelares solicitadas por el accionante.
A partir de las alegaciones expuestas por el accionante en su demanda, la Corte Constitucional advirtió que su fundamento se dirigía a demostrar la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita; y de manera interdependiente, de sus derechos a la salud y a la vida, en tanto integrante de un grupo de atención prioritaria.
La primera alegación relacionada al derecho a la tutela judicial efectiva fue sustentada en una desnaturalización de la acción de medidas cautelares, toda vez que, a pesar de que la jueza advirtió la vulneración de derechos constitucionales, negó las medidas solicitadas justificando su accionar en una lectura formalista, desacertada del artículo 87 de la Constitución y de las reglas jurisprudenciales emitidas por la Corte en la sentencia No. 034-13-SCN-CC. A partir de esto, la Corte desarrolla en esta sentencia una serie de argumentos relacionados al rol activo y garante del juzgador constitucional; la naturaleza y alcance de las medidas cautelares autónomas y en conjunto; y en consecuencia de ello, estableció reglas jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para evitar que hechos como el presente se vuelvan a repetir en el futuro.
En lo relacionado al derecho a la salud, el accionante sostuvo que el Hospital Carlos Andrade Marín, dejó de suministrarle la medicación antirretroviral necesaria, lo que trajo consigo un deterioro en su salud y una afectación a su vida. Al respecto, la Corte Constitucional, entre otros argumentos, estableció lo siguiente:

[…] Así las cosas, esta Corte colige que la falta de entrega oportuna del medicamento EFAVIRENZ –el cual es un antirretroviral y forma parte de su tratamiento médico- al ciudadano NN, portador de VIH, conforme se desprende de la historia clínica y las certificaciones de los médicos del Hospital Carlos Andrade Marín, al no garantizar un tratamiento médico y atención integral del legitimado activo, causa una vulneración a su derecho constitucional a la salud en relación con el derecho a recibir una atención prioritaria, especializada y gratuita como grupo de atención prioritaria.

Una vez declarada la vulneración a los derechos constitucionales antes mencionados, la Corte Constitucional estableció medidas de reparación integral y reglas con carácter vinculante, entre ellas, las siguientes:

[…] 4.1.2. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su representante legal, oficie a las casas de salud que integran el régimen de seguridad social en el sentido que no podrán, por cuestiones meramente administrativas, abstenerse de prescribir y suministrar a las personas portadoras de VIH, la medicación que forma parte de su tratamiento médico, conforme a la valoración médica de cada uno de los pacientes. El representante legal de la institución deberá informar sobre el cumplimiento de la medida dentro del término de veinte días.

[…]5.2. Cuando la jueza o juez conozca una garantía jurisdiccional constitucional con fundamento en un patrón fáctico similar al presente caso; esto es, en el que se haya determinado la falta de prescripción o suministración de un medicamento antirretroviral a una persona portadora de VIH, que forma parte de su tratamiento médico integral por parte de un centro de la red pública de salud, debido a causas ajenas a las estrictamente médicas, deberá declarar la vulneración del derecho constitucional a la salud.

La accionante de 86 años de edad se acogió a la afiliación voluntaria desde el mes de septiembre de 1989 con el objeto de alcanzar su derecho a la jubilación, es decir, cuando tenía 59 años.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el año 2001, se percató  que las aportaciones realizadas por la accionante eran indebidas, generando que no pueda gozar de su derecho a la jubilación universal. Por esta razón, a efectos de acceder a la jubilación, la accionante se vio obligada, a sus 81 años de edad, a trabajar como empleada doméstica.
Con estos antecedentes la Corte declaró en primer lugar vulneraciones al debido proceso en la garantía de la motivación, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, en las decisiones judiciales emitidas por las judicaturas inferiores. Finalmente, se pronunció sobre las actuaciones y omisiones en las que incurrió el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en consecuencia declaró la vulneración a los derechos constitucionales a la seguridad social, jubilación, y dignidad humana de la accionante. Como consecuencia de ello, la Corte, estableció medidas de reparación integral  dirigidas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre ellas medidas de restitución, rehabilitación, disculpas públicas y garantías de no repetición.

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