Jueves, 26 Marzo 2020 19:03

Dictamen de constitucionalidad del establecimiento de zona especial de seguridad en la provincia del Guayas

El miércoles 25 de marzo de 2020, la Corte Constitucional emitió el dictamen sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo Nro. 1019, en el cual el Presidente de la República amplió el decreto de estado de excepción por calamidad pública originada por la pandemia de COVID-19, por medio de las siguientes medidas: (i) estableció como zona especial de seguridad a toda la provincia del Guayas; (ii) dispuso la conformación de una fuerza de tarea conjunta; (iii) dispuso al gobernador de la provincia que dirija las acciones interinstitucionales en la zona; y, (iv) puso la zona bajo disposición del COE Nacional, con apoyo del Gobierno Nacional y la Autoridad Nacional de Salud. La Corte resolvió emitir dictamen favorable de constitucionalidad del decreto, y estableció los siguientes parámetros a observar:

 

  1. Que las autoridades adopten medidas más efectivas para que los habitantes dentro de la zona especial de seguridad accedan a bienes y servicios necesarios para enfrentar el aislamiento, como alimentos y medicinas, en especial los sectores de la población con recursos económicos limitados.
  2. Que es deber de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejecutar sus actividades en el marco del respeto estricto de los derechos fundamentales y aplicar el uso progresivo de la fuerza en cumplimiento de los parámetros de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
  3. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberán actuar en estricta coordinación con las autoridades civiles.
  4. Que toda movilización de miembros de las fuerzas del orden debe realizarse cumpliendo con los parámetros sanitarios dispuestos por las autoridades competentes, que procuren proteger el derecho a la salud de los agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
  5. Que las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sobre la zona especial de seguridad declarada, deberán sujetarse a la Constitución, la ley y a los límites impuestos en el Dictamen Nro. 1-20-EE/20.
  6. Que ni el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, ni ninguna otra autoridad competente para aplicar el decreto, podrá limitar o restringir derechos distintos a los suspendidos en la declaratoria de estado de excepción constante en el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 del 16 de marzo de 2020; por ser de competencia exclusiva del Presidente de la República.
  7. Que al dirigir las acciones interinstitucionales en la zona especial de seguridad conforme el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 1019, el Gobernador de la Provincia del Guayas deberá atender a las realidades locales y nacionales, en constante coordinación con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y demás autoridades nacionales y seccionales.
  8. Que la duración de la zona especial de seguridad establecida en el Decreto Ejecutivo Nro. 1019, no podrá excederse del límite temporal de sesenta días impuesto en el artículo 13 del Decreto Ejecutivo Nro. 1017.

La Corte también exhortó a las autoridades públicas con competencia en la provincia del Guayas a cumplir el deber irrestricto de sujetarse a las atribuciones que expresamente les confiere la Constitución y la ley; y a enmarcar sus actuaciones en la debida coordinación con los demás organismos e instituciones del sector público, especialmente con las autoridades de aplicación del Decreto Nro. 1019.

Asimismo, exhortó enfáticamente a la ciudadanía, en especial a los habitantes de la provincia del Guayas, a acatar la Constitución, la ley y las decisiones legítimas provenientes de las autoridades competentes, conforme es su deber constitucional.

Finalmente, ratificó que el último inciso del artículo 166 de la Constitución impone la siguiente obligación: “Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”.

 

Garantizamos la vigencia y supremacía de la Constitución de la República,

Corte Constitucional del Ecuador.

 

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