Novedades Jurisprudenciales de la Corte Constitucional
Mama Kamachiwasi kamachishka ñankuna
La Corte Constitucional tutela el derecho al trabajo de las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, y en atención a sus atribuciones declara la constitucionalidad condicionada del artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, en el sentido que las autoridades nominadoras y los jefes de talento humano de las entidades del Estado se abstendrán de cesar definitivamente de sus funciones, mediante la compra de renuncia obligatoria a las personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente, unión de hecho o progenitor con un grado severo de discapacidad, debidamente certificado por la autoridad sanitaria nacional.
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Pleno de la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 153 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, que trata sobre las disposiciones generales, transitorias y finales de la ley de Régimen Tributario Interno por contravenir el artículo 133 de la Constitución de la República, por tanto, se dispone su invalidez en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
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Pleno de la Corte Constitucional se pronuncia respecto a la reparación del daño del ecosistema, disponiendo al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera la elaboración de planes de remediación ambiental, debido a la contaminación del río Alpayacu.
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La Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad sustitutiva de la Primera Disposición General del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, por tanto, de manera obligatoria su texto será el siguiente: “PRIMERA.- Expedientes personales.- Los documentos, registros informáticos, datos e información de los expedientes personales que contengan información referente a los derechos personalísimos, que estuvieren bajo custodia de las UATH, son confidenciales, y por lo tanto, no podrá hacer uso de ellos por parte de ninguna autoridad de orden administrativo, ni persona alguna para acciones que no sean las estrictamente relacionadas con el ejercicio del puesto de la o el servidor público; quien tendrá derecho a revisar su expediente y a obtener copias del mismo, siempre que lo solicite por escrito. Se entenderá que no están protegidos por el derecho de confidencialidad los nombramientos, contratos individuales y colectivos de cualquier tipo y su contenido así como nombres y apellidos del servidor, remuneración, cargo, profesión, horario de trabajo y demás información que no sea referente a los derechos personalísimos establecidos por la Constitución de la República o por alguna otra ley.”
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